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Seguridad privada y derecho privado (1)


Seguridad privada y derecho privado

Hans-Herman Hoppe


¿Cómo podría un sistema no monopolístico, de productores de seguridad que compiten, funcionar? Debe quedar claro desde el principio que al responder a esta pregunta se está dejando el campo de análisis puramente lógico y por lo tanto las respuestas deben carecer de la certeza, el carácter apocalíptico de los pronunciamientos sobre la validez de la teoría de los bienes públicos. El problema que enfrentan es precisamente análogo a la de preguntar cómo el mercado resolvería el problema de la producción de hamburguesas, especialmente si hasta este punto las hamburguesas habían sido producidas exclusivamente por el Estado, y por lo tanto no se podría recurrir a la experiencia pasada.

Solo respuestas tentativas podrían formularse. Nadie podría conocer la estructura exacta de la industria de la hamburguesa , cuántas empresas en competencia habrían llegado a existir, que importancia esta industria podría haber tenido comparada con otras, como se verían las hamburguesas, cuantos tipos de diferentes hamburguesas podrían aparecer en el mercado y quizás desaparecer otra vez por la falta de demanda, etc, etc. Nadie puede saber todas las circunstancias y los cambios que pueden influenciar la misma estructura de la industria de la hamburguesa y que podría haber tomado con el tiempo – cambios en la demandas de varios grupos de consumidores, cambios en la tecnología, cambios en los precios de varios bienes que afectan la industria directamente o indirectamente, etc, etc. Debe subrayarse que todo esto no es diferente cuando se trata de la producción privada de seguridad. Pero esto no implica que no haya nada definitivo para decirse al respecto. Suponiendo que ciertas condiciones generales de la demanda de servicios de seguridad que se sabe son más o menos realistas con mirar al mundo tal como es actualmente, lo que puede y será dicho es como los diferentes órdenes sociales como son en la actualidad, caracterizado por diferentes limitaciones estructurales bajo las que tienen que operar, responderán de diferentes maneras.

Primero vamos a analizar los aspectos específicos de la producción monopólica, la producción de seguridad estatal, ya que por lo menos en este caso se puede recurrir a una amplia evidencia sobre la validez de las conclusiones alcanzadas, para luego pasar a comparar con lo que podría esperarse si dicho sistema fuera reemplazado por uno no monopolístico.

Incluso si se considerase que la seguridad es un bien público, en la relocalización de recursos escasos debe competir con otros bienes. Lo que es gastado en seguridad ya no puede ser gastado en otros bienes que también pueden aumentar la satisfacción del consumidor. Por otra parte, la seguridad no es un bien únicamente, homogéneo, sino que consiste de numerosos componentes y hechos. No es solo prevención, detección o ejecución de las leyes, también existe la seguridad de los ladrones, violadores, contaminadores, los desastres naturales y así sucesivamente. Además, la seguridad no es producida en un ‘Terrón’, pero pueden ser suministrados en unidades marginales. Además, diferentes personas le dan importancia diferente a la seguridad como un todo, en función de sus características personales, sus experiencias pasadas con diversos factores de la inseguridad, y el tiempo y lugar en el que les ha tocado vivir. Ahora, y aquí volvemos al problema económico fundamental de la asignación de recursos escasos a usos competitivos, como puede el Estado—una organización que no es financiada exclusivamente por contribuciones voluntarias y las ventas de sus productos, sino más bien parcialmente o incluso totalmente de impuestos—decidir cuanta seguridad producir, cuanto de cada uno de los innumerables aspectos, ¿a quién dar y cuanto? La respuesta es que no tiene forma racional de decidir esta cuestión. Desde el punto de vista de los consumidores su respuesta a la demanda de su seguridad, debe ser considerada arbitraria.

¿Por qué necesitamos un policía, un juez, o 100.000? de cada uno? ¿Debería pagárseles $100 al mes, o $10.000? ¿Deberían los policías, no obstante cuantos tuviéramos, pasar su tiempo patrullando las calles, persiguiendo ladrones, o recuperando botines robados, o espiando a participantes de crímenes sin víctimas como de prostitución, uso de drogas, o contrabando? Y los jueces deberían dedicar más tiempo y energía escuchando casos de divorcio, violaciones de tráfico, casos de robos en tiendas, o casos de anti-monopolio.


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